El reciente incidente protagonizado por taxistas en el paradero de Plaza Las Américas en Chetumal ha desatado un debate sobre la creciente anarquía en el sector del transporte público, donde la violencia parece ser un recurso al que recurren con alarmante frecuencia. Este hecho no solo ha puesto en entredicho la capacidad de las autoridades para mantener el orden, sino también el papel del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) y el liderazgo de los sindicatos que agrupan a los taxistas.
El conflicto ocurrió cuando choferes de taxi reaccionaron violentamente al percatarse de que un autobús de la línea Mayab recogía pasajeros en una zona que, según los taxistas, ellos controlan. En un acto de agresión que fue captado en video, uno de los taxistas, conocido como el “Tabasqueño” o “Negro”, atacó al autobús con un palo, mientras otros conductores presenciaban y alentaban el acto.
Lo que agrava aún más la situación es que el agresor es cuñado de Julio César Castilla Zapata, alias “Durazo”, un líder sindical charro que se siente con fuerte influencia en el gremio de taxistas. Esto plantea una serie de preguntas incómodas: ¿Defenderá "Durazo" a su cuñado, como tantas veces se ha visto en casos donde los vínculos familiares y sindicales impiden que se aplique la ley de manera imparcial? ¿O esta vez, debido a la magnitud de la violencia exhibida públicamente, se verá obligado a no intervenir?
El IMOVEQROO, cuya función es garantizar el cumplimiento de la normativa de movilidad y transporte en el estado, está ahora bajo presión para aplicar una sanción ejemplar. Su misión no solo consiste en regular el transporte, sino también en velar por la seguridad de los usuarios y el orden en el sistema de movilidad. Sin embargo, la percepción generalizada es que los taxistas operan con una especie de inmunidad, lo que les ha permitido actuar fuera de los márgenes de la ley en numerosas ocasiones.
Este caso es una oportunidad para que el IMOVEQROO demuestre su capacidad de actuar con firmeza y transparencia. Si no se aplican sanciones proporcionales a la gravedad del acto, se corre el riesgo de alimentar aún más el sentimiento de impunidad que prevalece en el gremio de los taxistas, lo cual deteriora no solo la seguridad en las calles, sino también la confianza pública en las instituciones que deben regular el transporte.
Al final, este conflicto pone de relieve un problema más amplio: la necesidad urgente de reformar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector de transporte en Chetumal y en todo Quintana Roo. Si los intereses sindicales siguen prevaleciendo sobre el respeto a la ley, los ciudadanos seguirán siendo rehenes de la violencia y la impunidad.
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