En materia de estudio, sobre los Órganos Internos de Control (OIC) en Quintana Roo revela una situación que refleja las complejidades políticas en torno a la designación de sus titulares. Aunque estos órganos son esenciales para asegurar la transparencia, el control administrativo y la rendición de cuentas, en la práctica su autonomía parece verse comprometida por decisiones influenciadas por intereses políticos.
En teoría, los OIC deben actuar como mecanismos independientes que supervisan el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. Sus atribuciones incluyen la fiscalización del uso de los recursos públicos, la transparencia en las contrataciones, el manejo de bienes públicos y la sanción de irregularidades cometidas por servidores públicos. Sin embargo, los recientes nombramientos y ratificaciones han generado una percepción de manipulación política que pone en duda su eficacia.
El caso de Quintana Roo pone de manifiesto cómo el proceso de selección de los titulares de los OIC carece de la transparencia necesaria, lo que fomenta el reciclaje de perfiles vinculados a las administraciones en turno o anteriores, en lugar de promover nuevos liderazgos con capacidades probadas y sin conflictos de interés. La permanencia de figuras cuestionadas como Teresita del Rocío Quivén Feria o Luis Alberto Alcocer Anguiano, ambos con señalamientos de sectores sociales, ejemplifica esta falta de renovación y objetividad en los nombramientos.
Esta tendencia hacia la simulación política es problemática no solo para la imagen pública de los OIC, sino también para su capacidad de ejercer controles efectivos. Cuando estas instituciones son vistas como instrumentos políticos, su legitimidad y su rol de garantes de la legalidad quedan severamente afectados, lo que fortalece la cultura de impunidad.
Para que los OIC puedan cumplir su misión de manera efectiva en el futuro, es crucial que se implementen mecanismos de selección más transparentes, independientes y basados en méritos. De no ser así, continuará la percepción de subordinación al poder político, lo cual compromete la esencia misma de estos órganos de control. En última instancia, la confianza ciudadana en la administración pública depende de la capacidad de estos entes para actuar con independencia y eficacia, algo que, por el momento, parece estar en riesgo.
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