Redacción/HechosdelCaribe.
Chetumal, Q Roo.-Ayer miércoles 13 de noviembre, venció el termino para que los motociclistas de Quintana Roo puedan interponer amparos en contra del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad, el cual establece la obligación de portar casco y chaleco rotulado con el número de placas. La medida ha generado controversia entre los motociclistas, quienes consideran que esta legislación los estigmatiza y los etiqueta injustamente como posibles delincuentes. Según informó el abogado Juan Carlos Encalada, hasta el momento se han presentado aproximadamente 380 juicios de amparo, logrando obtener alrededor de 130 suspensiones provisionales.
El principal argumento de los inconformes radica en la percepción de que esta legislación vulnera sus derechos, ya que implica una diferenciación entre motociclistas y otros conductores, lo cual consideran discriminatorio. La ley, al imponer el uso de chalecos con números visibles, ha sido percibida como una medida excesiva y no como una solución eficaz para mejorar la seguridad vial, que es el fundamento esgrimido por los legisladores.
A pesar de que el artículo 218 bis está vigente, el abogado Encalada señaló que, hasta el momento, no puede aplicarse debido a la falta de los reglamentos específicos para su ejecución, los cuales deberán ser emitidos por cada ayuntamiento. Esto implica que, aunque la ley haya sido aprobada, no existe un marco legal completo que permita su aplicación inmediata ni la imposición de sanciones, lo que ha otorgado un respiro temporal a los motociclistas en su lucha judicial.
En la zona norte del estado, han comenzado a surgir rumores sobre posibles excepciones a la ley, como la idea de limitar su aplicación solo a motociclistas con motores menores a 300 cc o de eximir a los miembros de clubes de motociclistas a través de distintivos especiales. No obstante, el abogado Encalada fue tajante al desmentir estas versiones, afirmando que la ley no establece ningún tipo de exención y que tales interpretaciones carecen de validez oficial.
La contienda judicial de los motociclistas en Quintana Roo representa un caso interesante dentro del contexto de las tensiones entre la legislación de seguridad vial y los derechos individuales. Mientras que las autoridades defienden la necesidad de regular el uso de motocicletas para garantizar una mayor seguridad en las carreteras, los opositores denuncian lo que consideran un intento de criminalización injustificada. El desenlace de estos juicios de amparo, así como la eventual promulgación de los reglamentos que permitirán aplicar la ley, será clave para determinar el futuro de esta normativa.
Con el cierre del plazo para ampararse ante la justicia, los próximos días serán decisivos para definir si el artículo 218 bis podrá implementarse en su totalidad o si las resistencias legales seguirán posponiendo su aplicación, a medida que más motociclistas se suman a la defensa de sus derechos ante lo que perciben como una legislación injusta y desproporcionada.
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