Redacción /HechosdelCaribe
Cd Mx.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado públicamente su inquietud ante el aumento significativo de más de 35 mil millones de pesos en el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el año 2025. En su intervención en conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó que esta cifra excede el presupuesto destinado a varios programas sociales fundamentales del gobierno federal, tales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Madres de Familia, lo cual pone en tela de juicio la proporcionalidad del gasto electoral respecto a otras áreas prioritarias para el bienestar social.
La presidenta se mostró crítica ante la falta de una justificación clara para este incremento, dado que, según sus palabras, "no habrá campañas ni financiamiento a partidos políticos" durante ese año, lo que hace que el aumento en el presupuesto del INE sea difícil de entender. Sheinbaum expresó su preocupación por lo que considera una falta de racionalidad en el manejo de los recursos públicos por parte del instituto electoral.
Asimismo, la mandataria hizo un llamado tanto a la Cámara de Diputados como al Poder Judicial a actuar con mayor responsabilidad fiscal y eficiencia en el uso de los recursos, al tiempo que señaló la necesidad de garantizar que el gasto público se asigne de manera prioritaria a programas que tienen un impacto directo en la población más vulnerable. En este sentido, Sheinbaum enfatizó la importancia de fortalecer el financiamiento de iniciativas que promuevan el desarrollo social y económico en lugar de aumentar los costos burocráticos.
Este señalamiento se suma a un contexto de creciente escrutinio hacia las instituciones autónomas del país, en particular al INE, cuyo presupuesto ha sido tema recurrente de debate debido a la percepción de que sus costos operativos podrían estar sobredimensionados en comparación con otras necesidades del país. La presidenta concluyó su intervención reiterando la necesidad de un ejercicio responsable de los recursos del Estado, que esté alineado con las prioridades nacionales en materia de justicia social y desarrollo inclusivo.
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