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| Titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo: Raciel López Salazar (Centro) |
Redacción/Hechos del Caribe
Benito Juárez, Q Roo.-El reciente pronunciamiento de Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en torno a la situación de los "taxistas, Uber y las plataformas de transporte digital", refleja la creciente preocupación por la seguridad y el cumplimiento de la ley en el contexto del turismo y la movilidad en la entidad. Más allá de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto de Movilidad, López Salazar enfatizó la posibilidad de consecuencias penales para aquellos involucrados en incidentes que pongan en peligro a los pasajeros, turistas y conductores.
Este posicionamiento surge en un momento clave para Quintana Roo, un estado que depende en gran medida de la industria turística. Las plataformas como Uber, que ofrecen una alternativa de transporte, han generado tensiones en el sector, en particular con los sindicatos de taxistas locales, quienes se han opuesto a su operación en diversas ciudades, como Cancún y Playa del Carmen. Ante estos desafíos, la Fiscalía se ha visto obligada a adoptar una postura firme para garantizar que los conflictos no deriven en actos de violencia o amenazas a la seguridad pública.
La declaración de López Salazar subraya no solo la relevancia de proteger a los usuarios de las plataformas digitales, sino también el compromiso del Estado en mantener el orden y la legalidad en todos los aspectos de la vida pública. La coordinación con el Instituto de Movilidad es un ejemplo de cómo las autoridades intentan gestionar tanto los aspectos administrativos como los penales en torno a estos servicios.
Paralelamente, los datos expuestos por la Fiscalía en su informe semanal revelan la magnitud de las actividades delictivas que continúan afectando a Quintana Roo, con 34 vinculaciones a proceso y 12 sentencias condenatorias en diversos delitos, incluidos homicidios, violencia familiar y delitos contra la salud. Si bien estos números reflejan un avance en la impartición de justicia, también demuestran la complejidad de la situación de seguridad en la entidad.
En este orden de ideas, las acciones de la Fiscalía, tanto en materia de transporte como en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos, son parte de un esfuerzo más amplio por estabilizar una región que enfrenta no solo desafíos locales, sino también presiones derivadas de su condición como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El mensaje de López Salazar es claro: las autoridades no permitirán que la seguridad de los ciudadanos, turistas y trabajadores sea comprometida, y quienes infrinjan la ley enfrentarán consecuencias tanto administrativas como penales.
Esta óptica integral es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y en el estado de derecho, elementos clave para garantizar la estabilidad económica y social de Quintana Roo.
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