Redacción/HechosdelCaribe
La reciente orden de aprehensión girada contra Othoniel Segovia Martínez, exalcalde de Othón P. Blanco (OPB), pone de nuevo sobre la mesa un tema recurrente en la política local; la transparencia en la gestión pública y la selectividad de la justicia. El exfuncionario ha solicitado un amparo en un intento de frenar su detención, luego de que se le señalara por el presunto desvío de 8 millones de pesos del erario público.
El Juzgado Primero de Distrito, bajo el expediente 754/2024, lleva este caso que se suma a las seis denuncias penales en su contra, todas vinculadas a su gestión al frente del municipio. Pero, más allá de los señalamientos específicos, hay un ángulo que no se puede pasar por alto la actual alcaldesa, Yensunni Martínez Hernández, quien durante la administración de Segovia fungía como síndico, no ha sido mencionada en las investigaciones.
Este hecho ha generado una serie de interrogantes. ¿Cómo es posible que quien tenía un rol clave en la misma administración hoy no esté en la mira de las autoridades? ¿Acaso su situación política actual la coloca en una posición de inmunidad ante los hechos? Mientras Segovia enfrenta un proceso judicial que podría definir su futuro político, la ausencia de una investigación en contra de Martínez Hernández levanta sospechas sobre el alcance y los intereses detrás de las acciones legales.
En este orden de ideas, la solicitud de amparo de Segovia parece ser un recurso que no solo busca frenar su aprehensión, sino que también es una manifestación del complejo entramado político en el que la justicia no siempre parece ser ciega. Los ciudadanos de Othón P. Blanco, en general, se encuentran frente a una disyuntiva, ¿es este proceso una legítima acción en pro de la justicia o estamos ante una estrategia más del juego político, donde los intereses y alianzas pesan más que los hechos?
La corrupción en las administraciones municipales no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí es novedoso es la manera en la que, con el tiempo, las investigaciones parecen estar diseñadas para castigar solo a ciertos personajes, mientras otros, con iguales o mayores responsabilidades, quedan al margen. ¿Hasta cuándo seguirán siendo selectivas las investigaciones en la administración pública? El caso de Othoniel Segovia plantea más preguntas que respuestas, y sobre todo, deja entrever que en la política local la justicia sigue siendo una cuestión de oportunidad.
0 Comentarios