El aumento en el gasto social anunciado por la Secretaría de Hacienda para 2025 marca un señal clave en la política económica y social del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Con un incremento del 50.9% en la protección social per cápita en comparación con 2019, el gobierno consolida su apuesta por programas sociales como motores no solo de bienestar, sino también de crecimiento económico.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al presentar estos datos, subraya la estrategia del gobierno: una mezcla de inversión en infraestructura y protección social para mantener el dinamismo económico. Este enfoque ha permitido que, a pesar de desafíos como la sequía de 2024, el país mantenga su crecimiento económico con un alza del 8% en la inversión y del 3.3% en el consumo durante los primeros meses de ese año. Para 2025, se espera que estas cifras continúen impulsando una expansión económica del 2 al 3%.
Ante este panorama, el gasto social por habitante, que alcanzará los 16 mil 813 pesos, juega un papel protagónico. De los 835 mil 700 millones de pesos destinados a programas sociales, casi 60% corresponde a la pensión para adultos mayores, un programa insignia del gobierno que ha demostrado tener un impacto directo en el consumo de los hogares. Esto no solo refleja una política redistributiva, sino una clara intención de movilizar recursos hacia los sectores de la población más vulnerables, lo que en términos macroeconómicos se traduce en mayor actividad económica y demanda interna.
La relación entre gasto social y crecimiento es una pieza central de la narrativa oficial. Ramírez de la O ha sido enfático en que los programas sociales están contribuyendo significativamente al consumo interno, un pilar clave para sostener la expansión económica en un contexto global incierto. Además, la cifra récord de 996 mil millones de pesos en inversión, que incluye 811 mil millones en proyectos de infraestructura física, complementa esta estrategia, al apuntalar sectores como transporte, energía y salud. Las inversiones en trenes, carreteras y proyectos de energía para la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, suman 273 mil millones de pesos, fortaleciendo áreas que también pueden generar empleo y fomentar el desarrollo económico a largo plazo.
Sin embargo, estas proyecciones optimistas deben ser matizadas en función de las variables externas. El precio del petróleo, estimado en 58.4 dólares por barril para 2025, es una de las incógnitas más grandes que enfrenta el gobierno. El propio Ramírez de la O reconoce que los precios pueden fluctuar drásticamente dependiendo de factores geopolíticos, como el conflicto en Ucrania o los cambios en la producción petrolera por parte de Estados Unidos, bajo un posible segundo mandato de Donald Trump. Aunque Hacienda utiliza una fórmula compleja para calcular el precio del petróleo, que combina datos históricos y futuros, este factor podría impactar tanto en los ingresos como en el equilibrio del presupuesto.
A pesar de estos desafíos, el gobierno asegura que México está "blindado" ante diversos riesgos, incluidos aquellos más extremos, gracias a su manejo prudente de las finanzas públicas y a un presupuesto que contempla no solo el gasto social y en infraestructura, sino también la atención a desastres naturales y el pago de deuda pública.
En vísperas del inició de año, el presupuesto de 2025 proyecta un panorama de continuidad en la estrategia económica del gobierno, donde el gasto social y la inversión pública se presentan como los motores principales del crecimiento. La gran incógnita será si el contexto internacional permitirá que estos planes se materialicen sin contratiempos.
0 Comentarios