"Magistradas designadas por la XVIII Legislatura inician funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo"


Redacción/HechosdelCaribe

Chetumal, Q Roo.-El recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo ha comenzado formalmente sus operaciones, con el objetivo de garantizar la impartición de justicia administrativa y combatir la corrupción en las instituciones del Estado, así como en los órganos descentralizados y autónomos. Este órgano especializado busca fortalecer el estado de derecho y la transparencia en la gestión pública de la entidad.


Minerva Maribel Moreno Cruz ha sido designada como magistrada presidenta, cargo que desempeñará durante un periodo de cinco años. En este reto, estará acompañada por un equipo conformado por las magistradas Claudia Carrillo Gasca, Mayra San Román Carrillo Medina, Nayeli del Carmen Solís Poot y Rubí Guadalupe Solís Poot, quienes también fueron seleccionadas para formar parte del Pleno del Tribunal. Las cinco magistradas tendrán un mandato de 12 años, asegurando así la estabilidad en la dirección del organismo, y recibirán una remuneración de 216 mil pesos mensuales.

Durante la ceremonia de inicio de funciones, la magistrada presidenta Moreno Cruz agradeció la reciente postulación de las ternas que permitieron la elección de las integrantes del Pleno, destacando que estas funcionarias serán garantes del cumplimiento de las encomiendas establecidas en la Ley para asegurar la transparencia y el combate eficaz contra la corrupción.

La designación de las magistradas fue realizada por la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, que actuó con celeridad para concretar este proceso el pasado miércoles. El nombramiento se realizó conforme a lo estipulado en la Ley, con el objetivo de dotar de prontitud y eficacia a la puesta en marcha de esta nueva institución clave para el sistema de justicia del estado.

Este tribunal representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en Quintana Roo, un tema de gran relevancia para la sociedad local, que ha exigido mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y una justicia administrativa que sancione de manera efectiva los actos de malversación o abuso de poder en las instituciones públicas.

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