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Chetumal, Q Roo.-La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial en Quintana Roo por parte de la XVIII Legislatura se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reconfigurar y democratizar esta importante institución en México. La medida medular es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por el pueblo.
Desde una perspectiva política, esta aprobación representa una muestra más del alineamiento de las legislaturas estatales con el gobierno federal, ya que Quintana Roo, como parte del Constituyente Permanente, refuerza la agenda centralista y de transformación del presidente. El discurso del diputado Jorge Sanén Cervantes refleja una visión donde la participación popular se convierte en un pilar para legitimar al Poder Judicial, siguiendo la narrativa del presidente López Obrador sobre la "democratización" de las instituciones.
Como integrante del Constituyente Permanente, la XVIII Legislatura del Estado aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión que contiene las reformas al Poder Judicial impulsadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Jorge Sanén Cervantes dijo que se trata de una reforma necesaria para el país donde el pueblo tendrá una participación decisiva a favor de la justicia en México.
Destacó que es fundamental la reconfiguración y democratización del Poder Judicial al interior del Estado mexicano, esto a efecto de impulsar una mejor práctica jurisdiccional en la resolución de las controversias legales.
Además, dijo que las reformas resultan ser modificaciones fundamentales en la vida interna y política del país, las cuales son necesarias y su implementación debe ser imperativa.
La reforma prevé la elección de jueces, tanto federales como locales, a través del voto popular.
También incluye modificaciones sobre paridad de género, derechos laborales de jueces no electos y la limitación para que los ministros no puedan ejercer la abogacía inmediatamente después de concluir sus funciones.
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