La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la dirección de Norma Piña, de aceptar un recurso interpuesta por líderes de la oposición, encabezados por Marco Cortés, evidencia una preocupante falta de criterio legal y una inclinación hacia el uso político de las instituciones.
Es importante recalcar que la SCJN no posee las facultades ni la autoridad para intervenir en asuntos que competen exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un órgano autónomo encargado de la resolución de controversias electorales. Al aceptar la demanda, Norma Piña no sólo ignoró estos límites institucionales, sino que también sembró sospechas sobre la imparcialidad de la Corte y la independencia de su liderazgo.
Esta osadía ilegal, lejos de obedecer a un genuino interés en la legalidad y el respeto al orden constitucional, parece responder a una estrategia de venganza política en un contexto en el que se debate la Reforma al Poder Judicial. En este escenario, la SCJN se enfrenta a una crítica generalizada por su aparente subordinación a los intereses de la oposición, quienes buscan debilitar a un gobierno que impulsa cambios estructurales en la impartición de justicia.
El desenlace de este episodio, con la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara de realizar proyecto no vinculanate ni retroactivo y en consecuencia desechar la demanda, confirma que el TEPJF es el único órgano facultado para asignar diputaciones de representación proporcional. Al pronunciarse en este sentido, se refuerza la autonomía del TEPJF y se cierra la puerta a intentos de intervención por parte del Poder Judicial.
Este fracaso de la oposición y de Norma Piña deja en claro que las instituciones deben mantenerse al margen de las estrategias políticas y respetar las competencias que les otorga la Constitución. Cualquier intento de lo contrario no solo erosiona la confianza pública en la justicia, sino que también pone en riesgo la estabilidad democrática del país.
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