Redacción/HechosdelCaribe
Chetumal, Q Roo.-El proyecto de construcción de una cafetería en el Congreso de Quintana Roo, promovido por el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y ahora diputado federal Humberto Aldana, ha suscitado un notable rechazo social desde su anuncio. La defensa del proyecto por parte de Aldana, sin proporcionar detalles claros sobre el monto de la inversión ni el plan de construcción, generó preocupación y descontento entre la ciudadanía, evidenciando una falta de transparencia.
La polémica se intensificó con la propuesta de retirar la estatua de Don Andrés Quintana Roo, una figura histórica de gran importancia para el estado, para dar paso a la cafetería. Esta propuesta fue vista como una falta de respeto al patrimonio cultural del estado y una acción insensible hacia los valores históricos que representa la estatua. La reacción negativa fue inmediata, especialmente entre los residentes de Chetumal, la capital estatal, quienes percibieron la medida como una afrenta a su identidad y legado cultural.
Ante la controversia, un grupo de organizaciones ciudadanas se opuso a las obras de construcción de la cafetería, que implicaban modificar la estructura original del recinto oficial del Congreso del Estado, destruir la plaza cívica, el asta bandera y retirar la estatua de Don Andrés Quintana Roo. Estas organizaciones presentaron una solicitud de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, logrando una medida cautelar que suspende de manera definitiva la construcción de la cafetería y cualquier modificación de los bienes que forman parte del sitio legislativo, protegido bajo una declaratoria de patrimonio cultural.
El decreto número 329, emitido por la XV Legislatura en 2019, declara al recinto del Poder Legislativo como Patrimonio Cultural Intangible. Esta protección no solo abarca el edificio, sino también los murales titulados "Forma, color e historia de Quintana Roo" que adornan su interior. La justicia federal ha subrayado que cualquier intento de alterar, destruir o modificar estos elementos contraviene la ley y, por lo tanto, es ilegal.
Este caso resalta varios problemas, incluyendo un aparente desconocimiento de la ley por parte de algunos legisladores y una falta de sentido común al proponer un proyecto que afecta un espacio de alto valor histórico y cultural. La decisión judicial ha sido vista como una victoria para la conservación del patrimonio, subrayando la importancia de proteger y respetar los símbolos culturales que son esenciales para la identidad de Quintana Roo.
La controversia parece estar encaminada hacia su resolución, con la prevista restitución de la estatua de Don Andrés Quintana Roo a su lugar original y la reafirmación de que el recinto legislativo continuará siendo un espacio protegido. Este incidente debe servir como un recordatorio de la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural, no solo como una obligación legal, sino como un deber moral hacia las generaciones presentes y futuras.
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