En un acto de desesperación y hartazgo, los habitantes de San Juan Bautista Cuicatlán, en el estado de Oaxaca, decidieron tomar la justicia en sus propias manos y encarcelaron a la Presidenta Municipal Maricel Gaytán. Esta acción extrema fue motivada por el presunto desvío de recursos públicos por parte de la edil, quien ha sido acusada de malversación de fondos destinados a obras comunitarias.
El desvío de recursos ha sido un tema recurrente en la administración de Maricel Gaytán, según los pobladores. Aseguran que la presidenta y su cabildo han estado involucrados en prácticas corruptas, prometiendo inversiones en obras que nunca se materializaron. Esta situación ha generado un profundo malestar entre los habitantes, quienes decidieron actuar de manera drástica.
La Presidenta Municipal no fue la única afectada por la ira de la comunidad. Otros regidores también fueron confinados corporalmente, acusados de ser cómplices en los presuntos actos de corrupción. En una imagen que se ha vuelto viral en redes sociales, se puede ver a Maricel Gaytán descansando sobre la cama de concreto de la celda municipal, una escena que ha causado revuelo y polémica en la opinión pública.
Ante estos hechos, las autoridades estatales han intervenido para tomar conocimiento de la situación y proceder con las negociaciones necesarias para la liberación de la Presidenta Municipal y los regidores, garantizando así sus derechos humanos. La intervención busca también restablecer el orden y la legalidad en San Juan Bautista Cuicatlán.
Los habitantes de la comunidad han expresado estar cansados de las promesas incumplidas y los engaños por parte de la administración municipal. Aseguran que la supuesta inversión en obras no existe y que los recursos destinados a mejorar la infraestructura y servicios públicos han sido desviados para otros fines. Esta situación ha llevado a un punto de no retorno, donde la confianza en las autoridades locales se ha erosionado completamente.
La acción de encarcelar a la Presidenta Municipal refleja la desesperación de una comunidad que se siente traicionada y sin recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de una intervención más profunda y efectiva por parte de las autoridades estatales y federales para combatir la corrupción y restablecer la confianza en las instituciones.
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