La reciente confirmación por parte de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), diputada Jissel Castro Marcial, sobre la inversión de 14 millones de pesos en la construcción de un café-restaurant sin licitación, operado comercialmente por el propio Congreso del Estado, ha generado preocupación y descontento en la sociedad quintanarroense.
En una reunión realizada con diversas organizaciones ciudadanas, incluido el Consejo Ciudadano de Chetumal, la diputada Castro Marcial desestimó las solicitudes de suspensión de la obra, argumentando que el proyecto no afectará el valioso patrimonio artístico-cultural albergado en el edificio diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. Sin embargo, las alarmas se han encendido ante la falta de transparencia en el proceso y los posibles daños patrimoniales, históricos y culturales que podrían derivarse de esta intervención.
Resulta preocupante que los principales defensores de este proyecto sean proveedores del Congreso, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y falta de imparcialidad en la toma de decisiones. La ausencia de un proceso de licitación claro y la opacidad en torno a la asignación de recursos para una obra cuyo costo inicialmente fue de cinco millones de pesos, hoy se ha incrementado significativamente a 14 millones son motivos de inquietud para la ciudadanía.
Es fundamental que las autoridades responsables, en este caso la diputada Castro Marcial y el subsecretario de Administración del Congreso, Sergio González, brinden explicaciones detalladas sobre el proceso seguido en la aprobación y ejecución de este proyecto, así como sobre la justificación de la inversión millonaria sin concurso público.
La aprobación del permiso para modificar el diseño original del arquitecto Ramírez Vázquez por parte de la titular del Instituto para la Cultura y las Artes (ICA), Lilián Villanueva Chan, plantea interrogantes adicionales sobre la protección y preservación del patrimonio arquitectónico e histórico de Quintana Roo.
En un estado donde la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio cultural son valores fundamentales, resulta imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y claridad en este y en cualquier otro proyecto que impacte en el legado cultural del Estado. La sociedad quintanarroense merece conocer la verdad y ver garantizados sus intereses por encima de cualquier otro.
Esperamos que las autoridades pertinentes reconsideren su postura y abran un diálogo transparente y participativo con la ciudadanía para abordar estas preocupaciones legítimas y encontrar soluciones que protejan y enriquezcan el patrimonio cultural de Quintana Roo.
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