Chetumal, Quintana Roo. - La Comisión Permanente de la XVII Legislatura turnó a comisiones una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos municipales, con el propósito de armonizarlos con la Ley de Movilidad del Estado en lo referente a la expedición, reposición y renovación de licencias y permisos de conducir.
En la sesión ordinaria número 12, presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, se dio lectura a la iniciativa promovida por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad de la Legislatura, en la cual propone reformar las leyes de hacienda de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
Se busca agregar un párrafo que dé mayor certeza jurídica respecto a los ingresos por este derecho, en consideración a las recientes reformas de la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, así como en la Ley de Movilidad del Estado.
También se busca establecer que los ayuntamientos puedan continuar con la expedición, renovación y reposición de licencias y permisos para conducir vehículos, únicamente previa firma de convenio de coordinación con el Estado a través del Instituto de Movilidad.
Por otra parte, se dio lectura a una iniciativa para agregar un párrafo al artículo 84 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Maritza Basurto Basurto, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, la cual busca asegurar que el personal docente y administrativo que labora en instituciones de educación ya sea del ámbito público o privado, puedan acceder a cursos de primeros auxilios y prevención de accidentes.
Finalmente, se turnó a comisiones una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, presidenta de la Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos.
La propuesta tiene como objetivo la armonización de la citada Ley con las últimas reformas de la Ley General en la materia, para que los instrumentos jurídicos estatales que prevén los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sean reconocidos ampliando la gama de protección y permitiendo hacerlos efectivos en su favor.
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